Hace unas semanas le tocó a la eólica y la termosolar, ahora a la fotovoltaica. El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con el que intenta, entre otras cosas, "contener los costes regulados del sistema eléctrico y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos", es decir, corregir el déficit tarifario del sector eléctrico. La nueva ley establece una serie de medidas que afectan a todo el sector eléctrico, incluido a la industria fotovoltaica. Al sector, como es lógico, no le ha gustado nada y ha asegurado que no se quedará con los brazos cruzados.
La nueva normativa reduce temporalmente las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista. Según el Gobierno, el ahorro logrado con esta medida asciende a 740 millones anuales.
Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de veinticinco a veintiocho años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual.
Desde el sector se tacha esta reforma como "un claro atentado contra el sector solar fotovoltaico y la economía y política energética sostenible" (Asociación Empresarial Fotovoltaica ). Desde la Asociación de Productores de Energía Renovables anuncian que denunciarán ante los tribunales españoles y europeos todas las medidas retroactivas recogidas en la nueva regulación y para la Asociación de la Industria Solar Fotovoltaica si España abandona la fotovoltaica, obtendrá un saldo económico negativo de 5.000 millones de euros hasta 2020 y perderá la oportunidad de disponer de unos 40.000 empleos estables y de calidad.
